El Principio de Continuidad del Estado y la JCE.
Por Luis Columna Solano. Politólogo. @lcolumna
Leyendo la prensa digital sobre la deuda que una
empresa española reclama a la Junta Central Electoral y posteriormente, la
denuncia que hizo el presidente del organismo comicial y rector del registro
civil, de que los equipos adquiridos por la institución a dicha empresa no son válidos,
somos de opinión que el principio de continuidad de Estado debe prevalecer, sin
que ello signifique de forma alguna, cubrir un fraude o inmoralidad en el uso
de los recursos del Estado.
Esta empresa que responde al nombre de “Indras
Sistema” reclama a la Junta el pago de cerca de catorce millones de dólares,
específicamente $US13.927.931 dólares por incumplimiento de contrato y lo
hizo según información ofrecida por la Junta, a modo de notificación legal,
amparada en el Convenio de reciprocidad de Inversión Extranjera entre el Reino
de España y República Dominicana.
Este último
punto, es el que produce mayor preocupación, dado dos aspectos fundamentales:
1ro. España es miembro de la Unión Europa y un conflicto comercial de
incumplimiento de pago con España, es directamente afectar cualquier tipo de
inversión extrajera de los 28 Estados miembros de un club que se protegen entre sí y 2do.
En nuestro país, es costumbre la vulneración del citado principio de
Continuidad, una mala práctica reiterativa a
todos los niveles del organigrama estatal, consecuencia directa del por qué
seguimos siendo un país tercermundista, subdesarrollado o en vía de desarrollo.
El Pleno de la Junta Central Electoral
(JCE), no debió esperar el cobro compulsivo de esa deuda, para denunciar
que los famosos equipos informáticos instalados por esta empresa, no sirven
para nada y que no podrán ser usados para el proceso venidero del año 2020. Debió
hacerlo oportunamente y no tras el reclamo financiero, pues se podría caer en
malas interpretaciones.
No dudamos de la solvencia moral del actual presidente
de ese organismo comicial, máxime que fue elegido con gran respaldo popular
para un puesto institucional, que ya había ocupado durante el cuatrienio
2006/2010, sin embargo, es más de lo mismo que en nuestro país, el funcionario
público actual, acuse de corrupción al antecesor, o le culpe de los problemas
que posteriormente enfrente la institución que dirige y es por ello que quiero advertir de las
nefastas consecuencias que afrontan los países que carecen de una sólida
seguridad jurídica, en un mundo cada vez más globalizado.
España a diferencia de República Dominicana, tiene
integrado a su Hacienda Pública a través de la Agencia Tributaría, las
inversiones de las empresas españolas de capital privado en cualquier lugar del
mundo, y por ellos tributan impuestos de forma obligatoria y en consecuencia,
su servicio diplomático y consular, se implica a fondo en este tipo de Litis.
Es la explicación de la presencia activa del Embajador español en el tema
y su reunión con el presidente de la Junta Central Electoral.
La Junta Central Electoral ha tenido veintiocho
presidentes desde Alejandro Wos Gil (1923/1924), hasta Julio Cesar Castaño
Guzmán (2006/2010 y 2016-2020) y el progreso ha sido zigzagueante. No ha
llevado siempre un camino recto, pero aun así, hemos ido progresando hasta
tener mayor confianza en los resultados electorales y mayor ordenanza y
modernización de los servicios del orden civil y por vía de consecuencia, mayor
legitimidad institucional y eso hay que cuidarlo como una tacita de oro.
Nadie puede negar los avances tecnológicos e
institucionales que ha experimentado la Junta Central Electoral durante los
últimos diez años, donde Roberto Rosario Márquez fue presidente de la Cámara
Administrativa, siendo precisamente Julio Cesar Castaño Guzmán, presidente entonces
del organismo hasta que fue elegido presidente de la Junta por el Senado de la
República.
Un detalle que no podemos pasar por alto y que
suponemos tampoco se le ha pasado el doctor Julio César Castaño Guzmán, es
que la también miembro titular del actual pleno, doctora Rosario
Graciano, formó parte del pleno anterior que dirigió Roberto Rosario y su
honorabilidad es incuestionable. Ella al igual que el doctor Eddy
Olivares y otros dos ex titulares, certificaron aquel contrato de compra de los
escáneres y demás equipos a la empresa española.
Ahora bien, las declaraciones del doctor Eddy Olivares
sobre que advirtió por escrito que era de opinión que el conteo de los votos en
las pasadas elecciones, deberían hacerse de forma manual y no por los
escáneres, es todo un ejercicio de irresponsabilidad, dado que según los
cuantiosos recursos económicos y humanos invertidos y reclamados al
Estado para la celebración de aquellas elecciones, no se correspondía con un método
ordinario como el conteo manual.
Ahora la situación está manos de la
Cámara de Cuentas a sugerencia de la Junta, pero al margen de todo y tomando en
consideración que la responsabilidad penal es individual, no debemos
perder de vista que está en juego la seguridad jurídica del país en materia de
inversión extranjera, y eso hay que cuidarlo y dejarlo fuera del juego político
de echar constantemente la culpa al que se fue.
Bueno recordar que preocupado por lo antes expuesto, la República
Dominicana en su Constitución del 2010, ordenó un dialogo con los agentes
económicos y sociales entre los que no faltaron los partidos políticos, para la
final aprobación de la Ley 1-12 sobre “La Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030” y la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), igualmente ha puesto en marcha
desde el 2015, la agenda 20-30 como Estrategia de Desarrollo Sostenible para el
planeta.
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