El dinero en la política Dominicana.

 Importancia del dinero en la política Dominicana.

 

En el marco de una conversación rutinaria con mi hermana Vidalina, saltó la pregunta ¿explícame porque una persona con buenas ideas, pero sin dinero, no tiene éxito en la actividad política? Ante tan importante interrogante, le contesté qué hubo un tiempo donde el dinero per se,  no era necesario para triunfar en la actividad política.

No obstante, es entendible que una parte importante de la población piense que el dinero, es y siempre ha sido necesario para lograr un cargo público de alto nivel, o de elección popular, si no tiene una cuenta bancaria con millones de pesos para hacer campaña electoral. Sin embargo se puede afirmar, que no siempre fue así.   De hecho, el dinero empezó a ser fundamental en el escenario político dominicano, tras las desapariciones físicas de los ex presidentes Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Jacobo Majluta, así como del líder de masas José Francisco Peña Gómez.

Esto ocurrió durante la década de los 90. Anterior a esa década, el liderazgo y el debate político eran de calidad. Se debatían las ideas y los partidos políticos tenían y creían en ideologías. De modo que unos eran de centro, otros de izquierdas  o derecha y así cada una de ella se subdividía; por ejemplo: centro-derecha, centro izquierda o izquierda radical (comunistas). De igual modo: de centro-derecha, centro-izquierda y derecha radical (nazismo, fascismo neonazi)

Existían también corrientes internacionales como  la Internacional Socialista,  la Socialdemócrata,  el Conservadurismo y el  Liberalismo.

Si vemos la situación socioeconómica de los principales actores políticos dominicanos desde la caída de Rafael Leónidas Trujillo, ajusticiado el 30 de mayo de 1961 al 1999, nos daremos cuenta que ninguno ostentaba grandes riquezas y no la necesitaron para alcanzar hasta la presidencia de la República. El poder del dinero no fue un elemento determinante para ellos y dominaron el escenario político durante casi 40 años.

En aquel periodo los partidos políticos debatían entre sus miembros, soluciones a los problemas nacionales. Existía la formación política y la calidad del miembro militante, era sólida y su autoridad, incuestionable. Bajo aquel esquema, los partidos eran verdaderos hacedores de líderes y dirigentes comunitarios, sindicales, académicos y hasta industriales. Su incidencia en la sociedad, llegaban hasta las juntas de vecinos, clubes sociales y cooperativas. Simplemente eran otros tiempos para los cuales hubieron hasta quienes dieron sus vidas por la defensa de sus ideas.

Pero la llegada al poder de una nueva generación de políticos con otras perspectivas, el auge de la corrupción administrativa, el nepotismo en las instituciones del Estado y la falta ideas y principios, degradaron aquella forma de hacer política, permitiendo que sectores que ante observaban ocultos, salieran a la luz, participaran en los procesos electorales y por vía de consecuencia, filtraron las instituciones oficiales.  Fue así como los partidos políticos empezaron a degradarse y sus principales dirigentes, adoctrinaron la teoría de la acumulación originaria de capital.

Todo eso fue ganando espacio en el quehacer político y social y gracias a una justicia frágil que permeada por los partidos políticos, miraba y aún mira hacia otro lado, mientras la sociedad  continúa experimentando un cambio radical en su conducta. 

En la actualidad se han creado leyes que buscan rescatar en parte esos valores perdidos, pero a la vez, haciendo al Estado cómplice de las actividades  y vida financiera de los partidos mediante la entrega de subvenciones concernientes a grandes sumas de dinero público, bajo el argumento de fortalecer el sistema de partido y la democracia. En nuestra opinión, los artículos de la Ley 33/18 sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones políticas que tiene que ver con la financiación de los mismos, debe ser modificada por ineficaz.

Solo la vuelta a la sociedad haría que un partido político busque sus orígenes y que el miembro militante y simpatizantes vuelvan a creer en el debate de las ideas y pensemos en una sociedad  dotada de un régimen de consecuencia y un estado de derecho fuerte. Solo así el dinero dejará de ser determinante en la política dominicana.

Autor: Lic. Luis Columna Solano/ politólogo. Máster en Gobierno y Administración Pública. 

EXHORTACIÓN INSTITUCIONAL AL PRESIDENTE LUIS ABINADER

 Exhortaciones  institucionales al  Presidente Abinader.  

 

En los últimos meses, tras la tregua dada al país por el Covid-19 gracias al excelente manejo que dio su gobierno a la crisis sanitaria heredada del anterior gobierno, el debate político y la agenda gubernamental empezó a funcionar ordinariamente.

Desde entonces acá, digamos se acabó la luna de miel que existió más allá de los famosos 100 días entre gobierno y oposición. Los partidos políticos, entre los cuales, algunos le sirvieron de aliados electorales circunstanciales, han iniciado con aparente éxito, sus estrategias y legítimo trabajo político en busca de colocarse en la mente de la ciudadanía como opción a suplantarlo en la Presidencia de la República. De igual manera, tanto su gobierno como el partido oficial, hacen lo propio para evitar su desplazamiento del poder. Así funciona la democracia.

Es aquí en este punto donde entiendo, debo hacerle un llamado de atención respeto a su voluntad de modificar la Constitución  de la República, para en sus palabras, tocar aspectos estrictamente institucionales, como la modificación de la Ley del Ministerio Público para hacerlo entre comillas, independiente.  

En primer lugar, luce improcedente hablar de cualquier tipo de Reforma a la Carta Sustantiva, pues desde 1994 a la fecha, todos los ex presidentes impulsaron y lograron sendas modificaciones constitucionales, pero ocurre, que usted Presidente, quien precisamente surgió del fruto de una crisis generada a lo interno del anterior partido oficial, por un conflictivo proyecto de reforma constitucional, que enfrentó al anterior presidente de la República Danilo Medina con el ex presidente Leonel Fernández, quien para entonces, era presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no debe sugerir nada al respecto y menos, a meses de cumplir la primera mitad de su periodo de gobierno.

Lo primero es que usted no necesita de una  modificación constitucional para realizar el gobierno que juró ante la Asamblea Nacional. Usted se presentó con el slogan “El gobierno del cambio”, pero sigue haciendo lo mismo en cierto sentido y para hacer menos creíble su anunciado propósito con el consenso  político buscado a través del Consejo Social y Económico, la honorable ex vicepresidenta de la República y prominente  dirigente política miembro de su partido, doctora Milagros Ortiz Bosch, cuestionó  los actuales porcentajes electorales que la Constitución actual, exige para ganar la presidencia de la República en primera vuelta electoral, popularmente conocido como “el 50+1”.

Suponemos fue un error político de la también, ex Senadora por el Distrito Nacional y Ministra de Educación, pero  puso en alerta  y desató los demonios en la oposición ante su legítima candidatura reeleccionista y los inconvenientes que podría usted tener, al no poder alcanzar dicho porcentaje en la venideras elecciones.  

En segundo lugar: Usted como el primer mandatario de la nación, admitió ante las cámaras de televisión en entrevista concedida a los veteranos periodistas: Huchy Lora y Alicia Ortega, no tener ningún tipo de control de la Procuraduría General de la República, al afirmar qué se entera de ciertos allanamientos a través de la prensa como un ciudadano común,  una situación criticable en términos institucionales.

 Para algunos, quizás esto sea  real independencia del órgano persecutor y acusador del Poder Ejecutivo, sin embargo existe una terrible equivocación al respecto. Me explico.

Sucede que en todos los países del mundo, tomando como ejemplo los más desarrollados en términos institucionales, la figura del Ministerio Público, Fiscal General, Ministerio Fiscal o como se la llame, lo designa el Poder Ejecutivo.  Eso es parte de la ciencia de la administración del Estado.

En Estados Unidos de América, recientemente todos observamos como el presidente Biden designó  una jueza al Tribunal Supremo y a nadie se ha ocurrido pensar que se trata de un pago político, ni nada parecido.  Así es designada la persona que ejerce la función de fiscal general. De igual manera, en las democracias europeas con España como ejemplo, el Fiscal General, lo designa el presidente del gobierno, no el rey, aunque este último sea el jefe del Estado y esta persona, una vez es posicionado(a) en el cargo, aunque haya sido legítimamente dirigente político, ejercerá el cargo con total garantía constitucional. En ambos casos,  estos funcionarios judiciales comparten y despachan con el Poder Ejecutivo ciertas informaciones sensibles, tipificadas como “secretos de Estado”.  Eso debería hacer  la doctora Miriam Germán Brito.

En tal sentido, el hecho que usted la haya designado  Procuradora General de la República sin ser quizás su deseo, más bien, movido por un movimiento de opinión pública organizado por ciertos sectores de la sociedad civil, entre los cuales, algunos ya han sido premiados por su gobierno con embajadas importantes y altas representaciones en Organismos Internacionales, ella está en deber institucional de mantenerlo al corriente de tales informaciones, como primer mandatario de la nación.

Este precepto institucional en nada paraliza la acción de persecución judicial de la PRG, pues usted como Presidente de la República, jamás le recomendaría engavetar un expediente por miedo a consecuencias electorales. Así también funciona la democracia.

En tal sentido, olvídese de la reforma constitucional con ese y otros propósitos y continúe trabajando por el país y el bienestar del pueblo dominicano. Si bien lo hace, quizás, el mismo pueblo le ofrezca una continuidad en el poder, de lo contrario, pagará en las urnas, el no haber satisfecho las exigencia y expectativas de una mayoría que votaría su  salida del Palacio Nacional.

 

Autor: Lic. Luis Columna Solano/ Politólogo - Magíster En Gobierno y Administración Pública.