domingo, 28 de agosto de 2022

No hubo venta de Empresa Pública en República Dominicana, sino capitalización.


Parece mentira que casi 25 años después, en República Dominicana se esté hablando de que durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández se vendieron las empresas del estado.  En realidad, se trata de una estrategia política de ciertos sectores o dirigentes del presente gobierno en aras de revertir la percepción electoral de cara al 2024. 

la primera alta dirigente del partido oficial que debería salir al frente de esas falsas acusaciones, es la doctora Milagro Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República y sobrina del líder histórico, mayor referente moral del país, maestro de la política dominicana y ex presidente de la República, Profesor Juan Bosch. Doña Milagros al momento de ser aprobada la Ley 141-97 sobre Reforma de la Empresa Pública, era la Senadora representante del Distrito Nacional y ella votó junto a sus demás compañeros de partido por la misma.  


Fue así como el Congreso Nacional aprobó a unanimidad en ambas cámaras la vigente Ley 141/97 sobre Reforma y Modernización de la Empresa Pública. Una Ley correcta que consta de 06  considerando y 26 artículos, que recomiendo leer. Partiendo de este punto, hasta cuando altos dirigentes oficialistas y comentaristas afines a sus intereses, van a continuar mintiendo descaradamente a un pueblo que por desgracia, lee poco. 


En tal sentido hacemos un llamado a la prudencia y la correcta lucha por el poder sin necesidad de incurrir en el delito de la opinión pública. 


 Mirada retrospectiva a la historia de la empresa pública dominicana


 No sería posible comprender las razones del porqué en la actualidad en República Dominicana, el Estado sigue siendo el mayor empleador y competidor de su propio sector productivo privado, sin el conocimiento del contenido de la pieza legislativa aprobada por el Consejo de Estado que encabezó el presidente Joaquín Balaguer, tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. Esta Ley  fue la 5785/1962 del 4 de enero de ese mismo año.


En un artículo anterior que escribí hace varios años, dije que la emisión de aquella Ley que confiscó todos los bienes del dictador y que a esa fecha,  representaban el el 51% del total del sector empresarial y comercial de pais, sumado a las posteriores confiscaciones que autorizó el nuevo Consejo de Estado presidido por Rafael L. Bonelly a familiares y cercanos colaboradores del régimen, tras la salida del presidente Balaguer al exilio, aumentó el error histórico, llevando al Estado Dominicano a controlar el 85% de los empleos de todo el país.


Para hacer más sencillo el entendimiento, solo evaluemos cómo en actualidad, el débil empresariado privado, cada vez que llega la navidad, esperan con ansias la emisión del sueldo 13, popularmente conocido como regalía pascual, nombre incorrecto, pues se trata de un derecho laboral, no una dádiva de las distintas administraciones públicas a sus empleados.  La erogación del sueldo 13 dada las citadas circunstancias, activa grandemente el comercio por la enorme cantidad de dinero que sale a la calle, no obstante el mismo gobierno, recupera más de la mitad en pocos días con el cobro de los impuestos a los gastos de sus empleados o servidores públicos.  ¿Qué le parece? 


Con la aglomeración por parte del Estado de aquellos bienes, fue como se crearon el Consejo Estatal de Azúcar mejor conocido con CEA. a la muerte de Trujillo el país tiene como principal actividad económica la caña de azúcar por lo que los ingenios azucareros eran muy rentables y de 16 que había en todo el país, el estado sólo era dueño de tres  y con la confiscación, el mismo pasó a ser dueño de doce.


igualmente la Corporación Dominicana de Electricidad que agrupaba todas las empresas vinculada a la generación, distribución y facturación del negocio eléctrico y el Grupo CORDE, nada más y nada menos que el Corporación de Empresas Estatales que a la sazón de la promulgación de la Ley 141/1997 sobre Reforma y Modernización de la Empresa Pública, conformaban 30 empresas, la mayoría de ellas, quebradas, descapitalizadas  y convertidas en cuellos de botellas como vehículo electoral en la lucha por el poder. Ahí nació el  actual clientelismo político dominicano y continúa siendo la razón y el principal motivo de percepción y participación electoral de los ciudadanos que ingresan a los partidos políticos que gozan de vacación de llegar al poder.  


Razones que evitaron la vuelta al poder de Juan Bosch y de las cuales, LEONEL tomó nota. 

Por la sinceridad que el ex presidente Juan Bosch nos tenía acostumbrado cada vez que tocaba aspectos fundamentales de la crisis económica y social del pueblo dominicano, fue que nacieron expresiones como: es comunista. va a vender las empresas del Estado y no quería gobernar. 


todo esto porque Bosch siempre dijo que dichas empresas eran una carga para el estado y que por ende, debían ser vendidas del sector privada, sin embargo Bosch nunca midió el impacto político y las consecuencias electorales de dichos pronunciamientos, la mayoría de ellos, buscado por la prensa amarilla a través de preguntas capciosas a la que el líder socialista no salía evadir. 


llegado el nuevo gobierno constitucional 1996-2000 con un joven abogado de apenas 43 años recién cumplidos y con una herencia parafernalia, clientelista del uso del poder y la administración pública,  el  novato pero sagas presidente Leonel Fernández Reina, decidió emprender un proceso de capitalización de dichas empresas, que según la citada Ley 141/97 establece los parámetros de cómo el estado conserva sus activos mayoritarios en términos de acción en los consejos de administración, pero transfiriendo al sector privado, la gerencia de las misma, sobre la base de la teoría del estado moderno, quien solo debe funcionar con la burocracia requerida y limitarte a la regulación y cobro de los impuestos. 



En fin. Durante los gobiernos de Leonel Fernández, no hubo venta de la empresa pública, sino un proceso legal y autorizado por el Congreso Nacional de recapitalización de la empresa pública. 


 Autor: Luis Columna Solano, Politólogo y Máster en Gobierno y Administración Pública.  

martes, 9 de agosto de 2022

Preocupación por los nombres propios en República Dominicana

 Según la Constitución de la República, sólo tienen iniciativa parlamentaria el presidente de la República,  senadores, diputados, la  Junta Central Electoral en materia electoral y registro civil y la Suprema Corte de Justicia en materia judicial.

En tal sentido, entiendo que el Congreso Nacional y la Junta Central Electoral (JCE) deberían ponerse las pilas, como decimos popularmente, en relación a la regulación  de los nombres que les son impuestos a nuestros menores desde su nacimiento, dado que resulta penoso y porqué no decirlo, motivo de vergüenza, que por acción u omisión, una persona debe llevar a sus espaldas el peso del nombre o nombres que sean imposibles,  o risibles y hasta ofensivos, solo por la ignorancia de sus progenitores o simplemente por razones de un transculturalismo que muchas veces es negativo.

No es que el oficial del Estado Civil sea quien determine el nombre o nombres a designar a una persona, pero  si es necesario que debe de buscarse alguna fórmula que se ajuste a la Ley vigente. Sabemos casos de personas que se muestran y mayormente con razón,  renuentes a utilizar el nombre que le ha sido legalmente adjudicado por sus padres.

Justicia peruana ordena arresto de cuñada de Castillo por caso de corrupción

Por EFEmartes 9 de agosto, 2022

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- El Poder Judicial de Perú ordenó la detención preliminar por 10 días de la cuñada del presidente Pedro Castillo Yenifer Paredes, quien está siendo investigada por presunto tráfico de influencias por supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca, la región oriunda del mandatario.

Personal policial y del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder acudieron alrededor de las 17.00 hora local (22.00 GMT) al Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, en una diligencia, aparentemente, para detener a Paredes, quien por ahora no ha podido ser aprehendida.

La medida de detención (según la resolución judicial divulgada en medios locales), fue aprobada el viernes pasado y es ejecutada hoy en varios operativos a cargo del fiscal Hans Aguirre, que se saldaron con la captura dos empresarios y un alcalde de la región de Cajamarca, todos implicados en una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, que lideraría Castillo.

EL CASO DE LA CUÑADA

El equipo de fiscales y los efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía estuvieron más de tres horas en la residencia presidencial para ejecutar la orden de arresto contra Paredes, pero, hasta el momento, no la han encontrado.

La investigación fiscal contra la cuñada de Castillo se conoció tras un reportaje periodístico de la cadena América Televisión, que difundió un video en el que la joven dialogaba con pobladores de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca, para informarles que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento, pese a no ocupar ningún cargo en el Ejecutivo.

En las imágenes, Paredes aparece junto a Hugo Espino, quien fue detenido esta tarde y es el representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en septiembre de 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3,8 millones de soles (casi un millón de dólares).

Por este caso, Paredes y la primera dama acudieron en julio pasado a la sede del Ministerio Público para declarar.

La cuñada de Castillo también fue citada recientemente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde negó haber tenido injerencia en los contratos que Espino ganó con el Gobierno, aunque reconoció que sí trabajó para su compañía.

Detalló que conocía al empresario desde 2019 y que empezó a trabajar para él en agosto de 2021, motivo por el cual Espino visitaba “usualmente” el Palacio de Gobierno.

La hermana de la primera dama precisó que el contrato que tenía con la empresa de Espino era “verbal” y aseguró que en las imágenes difundidas por el programa periodístico ella estaba realizando sus labores para su empresa, que se trataban de “censar a la población, recoger datos estadísticos de la población para ver si era factible realizar algún proyecto”.

CUATRO DETENCIONES

Poco antes de que iniciaran las diligencias en el Palacio de Gobierno, medios locales informaron de la detención de Espino, así como la de su hermana Anggi Espino y la del alcalde de la localidad de Anguía, en Chota, José Medina Guerrero.

Medina, cercano al mandatario, habría señalado por el aspirante a colaborador eficaz de la Fiscalía Bruno Pacheco, quien fue secretario presidencial de Castillo, como uno de los operadores de una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo que lideraría el mandatario, según la hipótesis fiscal.

De hecho, de acuerdo con la resolución judicial que autorizó estas cuatro detenciones, Castillo sería el “jefe” de esta supuesta organización corrupta, que tendría a Medina y al actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado, como “cabecillas”.

Los “coordinadores”, siempre según esa versión, son la primera dama y el entorno familiar del presidente, mientras que los hermanos Espino y la cuñada de Castillo son considerados “testaferros”.